Pródigos de lo ajeno

Artículo de Joaquín Trigo, director general de IEE, publicado el 28 de enero en el diario El Economista

 

Es el 20 de enero de 2012. El diario informa del drama de un barrendero de una ciudad del sur. El afectado, de 39 años, lleva siete meses sin cobrar, ha perdido su casa hipotecada y hubo de dispersar a su familia entre otros familiares. El ayuntamiento dice que ni siquiera puede reponer las bombillas que se funden en los pasillos, lo que indica que tampoco paga la electricidad ni muchas otras cosas. Hay más ayuntamientos como este –no todos- endeudados más allá de la prudencia y la buena gestión.

En el diccionario de María Moliner la primera acepción de la palabra pródigo es “derrochador, despilfarrador, malgastador”, y añade que “se aplica a la persona que gasta su dinero o sus bienes con falta de prudencia. Constituye legalmente una causa de incapacitación y motivo para someter a tutela”. Otra acepción es la de Generoso que “se aplica a lo que produce abundancia de bienes… al que da sin reservas de lo que tiene o lo hace servir para los demás…”. Esto no se extiende a quien malbarata los recursos ajenos, de modo que se pueden despilfarrar y malgastar los activos de una ciudad, región o país sin ser pródigo o, siéndolo tan sólo para algunos allegados. Así, el BOE del 11 de enero de 2012 asigna 64.722.834€ en 265 partidas con una media de 244.237€. Ahí se subvencionan temas como “CULTURAMOVEL. Diálogos culturales a través de las tics”. “Campaña radiofónica a nivel nacional: Latinoamérica por las ondas”, entre otras que se dan con más largueza que capacidad de verificar el vínculo entre la acción y los resultados, entre la cuantía de subvención y lo que se presente conseguir. Es curioso que la resolución por la que se adjudican las “ayudas para la realización de proyectos de desarrollo” es del 21 de noviembre de 2011 pero no se publica hasta la fecha mencionada, en otro año y con otro gobierno.

Hay ayuntamientos que se dedican a la construcción de viviendas que luego venden o alquilan. Se debe colegir que las administraciones locales tienen más vínculos y comprensión, lo que redunda en ventajas frente a terceros independientes. En la marea de la construcción de la pasada década fueron muchos los que dedicaron a esta actividad y todos se beneficiaron de las tasas impuestas a estas actividades, lo que les permitió ampliar sus actividades, no siempre para bien. El Cabildo de Tenerife, según se publica el diario ABC del 23 de enero de 2012, mantenía 75 empresas públicas con un amplio espectro en el que caben desde productos lácteos hasta tres casinos y que deben cerca de 300 millones de euros. Sin llegar a esta cifra muchos otros ayuntamientos y autonomías tienen empresas sociedades, consorcios, fundaciones…

En las administraciones territoriales también hay incumplimientos. Destaca por su volumen, sin ser la única, la de Andalucía que acumula el 25% de la deuda sanitaria del país (La Razón, 23 enero), pero todas comparten los atrasos que rondan los 160 días, tres veces más que el plazo legal de 50 días, lo que perjudica a empresas y farmacias. Sin embargo, las exigencias de pago por parte de las administraciones son implacables, ya sea la Hacienda Pública o la diputación que, por cuenta de la Hacienda Pública y los ayuntamientos recauda impuestos y tasas, como si nada hubiera pasado.

La caída de la recaudación coincidió con el intento de suplir la caída de la demanda con los planes E. La administración central y buena parte de las administraciones subcentrales incurrieron en gastos ingentes, financiados con recursos propios y con deuda, con la esperanza de que sirvieran de inicio de la recuperación. Las voces que recordaban que pocas personas invertirían como consecuencia de esas medidas fueron desoídas. En esos momentos la economía española -administraciones, empresas y familias- ya estaba muy endeudada y la financiación externa comenzaba a ser renuente. Las normas de Basilea exigían provisiones por los créditos a empresas y familias, pero no para las administraciones públicas, que pudieron proseguir con su gasto absorbiendo el escaso crédito y expulsando del mercado financiero a empresas y particulares. Los resultados se ven en reducción de actividad, aumento de los procesos concursales y del paro. En cambio, las administraciones y su entorno crecían creando nuevas agencias, desdoblando empresas y organismos que permitieran aumentar los emolumentos de los gestores y generar nueva contratación de personal, pero sólo por un tiempo, pues pronto se recurrió a demorar los pagos y agravar las dificultades de los proveedores directos y los indirectos, incluyendo farmacias, empresas farmacéuticas y todo tipo de servicios y proveedores. El gobierno central sugería a los ayuntamientos la creación de nuevas tasas, pues bastante tenía con atender a su propio crecimiento, financiar obras discutibles como el tren Ave usado por doce personas, sus subvenciones y adjudicaciones, algunas más allá de su propio cese.

En el camino ha quedado la deuda, el paro y un IRPF que supera la media de la UE en casi 9 puntos y lo que es peor, mucho peor, la emigración de cientos de miles de jóvenes bien formados. Ahora hay que aumentar impuestos y también otros tributos. Sin moneda propia no se puede devaluar, por lo que seremos las personas las que nos devaluemos reduciendo ingresos y poder de compra, a la espera de que el sector público se rehaga, mejore nuestra competitividad y se recuperen los empleos y la sensatez perdida.