El IEE presenta su informe de coyuntura nº 55: España, sin tiempo para equivocarse

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha presentado su informe de coyuntura número 55, elaborado a partir de las conclusiones obtenidas en la reunión celebrada el 25 de noviembre, en la que participaron destacados economistas del sector privado y de la Universidad. En el acto han intervenido José Luis Feito, Presidente del IEE, y Joaquín Trigo, Director General de dicha institución, los cuales han analizado la evolución económica nacional e internacional, así como las perspectivas para los próximos meses.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha presentado su informe de coyuntura número 55, elaborado a partir de las conclusiones obtenidas en la reunión celebrada el 25 de noviembre, en la que participaron destacados economistas del sector privado y de la Universidad. En el acto han intervenido José Luis Feito, Presidente del IEE, y Joaquín Trigo, Director General de dicha institución, los cuales han analizado la evolución económica nacional e internacional, así como las perspectivas para los próximos meses.

El informe destaca que las perspectivas de la economía mundial han empeorado sensiblemente desde el verano, debido a la persistencia de ciertas debilidades en las economías desarrolladas y, sobre todo, por el agravamiento de la crisis de la deuda soberana en Europa, que ha llegado hasta el punto de que los mercados comiencen a descontar una posible ruptura del euro. Los efectos de esta crisis sobre la economía real ya han comenzado a sentirse, por la vía de un tensionamiento de las condiciones de crédito y del aumento de la incertidumbre.

La forma en que los gobernantes europeos han encarado esta situación ha sido errónea. Los rescates solo han servido para reducir la presión sobre los países incumplidores para que realicen los necesarios ajustes de sus Cuentas Públicas. Ni los eurobonos ni la intervención del Banco Central Europeo, a través de una compra masiva de deuda, son la solución, porque con ello se contribuye a incrementar el riesgo moral y a aumentar la inflación. La única salida pasa por un compromiso, sin fisuras, con la reducción del déficit y con la implantación de ambiciosas reformas estructurales que incrementen la productividad y la capacidad de crecimiento a largo plazo. En este contexto, los organismos internacionales han revisado a la baja las previsiones para la economía mundial en 2012. El origen del problema se encuentra en los países desarrollados, pero su efecto también se va a sentir en los emergentes por la vía de la reducción del comercio internacional, si bien en forma de suave ralentización desde tasas de crecimiento muy dinámicas. El vigor que en estas economías comienza a adquirir la demanda interna reduce su sensibilidad ante los shocks procedentes del mundo desarrollado.

La inflación en la eurozona ha evolucionado a la baja entre abril y agosto, pero en los dos meses posteriores ha vuelto a repuntar hasta el 3%, por la aceleración de los precios en los productos energéticos y en los alimentos, que puede ser un indicio de mayores tensiones inflacionistas. Por ello, el Banco Central Europeo decidió, en noviembre, empezar a recortar los tipos de interés, con la bajada de 0,25 puntos porcentuales durante dos meses consecutivos, situándolos en un 1%. La decisión de la institución monetaria, en el contexto de un cambio en la dirección de la misma, responde a la mutación operada en las condiciones económicas, que puede haber llevado a ésta a interpretar que el incremento de las tensiones inflacionistas es un fenómeno pasajero.

España, abocada de nuevo a la recesión

El PIB español se estancó en el tercer trimestre del año, tras haber desacelerado su crecimiento en el trimestre anterior, poniendo de nuevo de manifiesto la extraordinaria debilidad de los fundamentos económicos sobre los que se sustenta la economía nacional. Todos los indicadores económicos han coincidido en apuntar hacia un empeoramiento de las condiciones económicas. La lentitud en la corrección de los desequilibrios acumulados durante la etapa expansiva, junto con la ausencia de reformas estructurales ambiciosas y la reducida competitividad de la economía española en su conjunto, hacen imposible, por el momento, el inicio de una recuperación sólida. A ello hay que añadir, ahora, el deterioro de las condiciones externas y el endurecimiento de los requisitos de financiación frente al exterior como consecuencia del aumento de la prima de riesgo. Así que tras un tenue crecimiento del producto en 2011, que rondará el 0,7%, se puede anticipar el retorno a tasas negativas en 2012, con una caída del 0,1%.

Por otro lado, las condiciones del mercado laboral han empeorado sensiblemente en el tercer trimestre del año, según todas las estadísticas de empleo. El número de ocupados de la Encuesta de Población Activa ha descendido un 1,3% intertrimestral, la mayor caída que se había registrado desde la primera mitad de 2009, en plena “Gran Recesión”. La afiliación a la Seguridad Social descendió a la mayor velocidad de los últimos siete trimestres, y se perdió el 1% de los empleos equivalentes a tiempo completo; también la caída más severa desde mediados de 2009. Todas las estadísticas anteriores coinciden en señalar que la pérdida del empleo fue generalizada en todos los sectores.

La tasa de paro aumentó en 1,2 puntos porcentuales, también el mayor incremento de esta variable en toda la etapa de recesión. Su nivel se situó en el 21,5% en el tercer trimestre del año, siendo las perspectivas para 2012 claramente negativas, situándose en el 22,7%. Destaca la tasa de paro juvenil que continúa en niveles enormemente preocupantes, un 45,8%.

Una coyuntura excepcionalmente grave

Con el cambio de Gobierno, se han de realizar también reformar. Se debe actuar con urgencia en puntos como el sector público, el cual forzó el empleo y la actividad, y ahora debe cambiar de rumbo reduciendo su gasto, el ámbito de sus actuaciones y sus propiedades. La gestión pública de las empresas y de los servicios puede trasladarse al ámbito privado, reservándose la primera la orientación y la supervisión, al tiempo que se hace mejor y de menor tamaño.

Las dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas parecen haberse trasladado desde Grecia, Portugal e Irlanda hacia países como Italia y España. Esta desconfianza demuestra cómo el riesgo de contagio puede crecer y la confianza de los mercados desaparecer rápidamente. La consolidación fiscal es prioritaria para el nuevo Gobierno, lo que puede, a priori, resultar paradójico si tenemos en cuenta que las estimaciones más pesimistas coinciden en que nuestro país puede cerrar el año con un nivel de deuda pública del orden del 70% del PIB y con un gasto, por intereses de la deuda, del 8% del PIB. Ha de ser absolutamente prioritario, para que el endeudamiento se sitúe en niveles sostenibles y prudentes, se calmen los mercados y se genere confianza. El trabajo que hay que acometer es ingente: el déficit público, en 2013, debe alcanzar la cifra del 3%; si este año el déficit alcanza el 6,5%, como estiman, en media, la mayoría de los organismos, ello significa que la magnitud del ajuste es del orden de 35.000 millones de euros en dos años. Se ha de elaborar una “hoja de ruta” que abarque varios años, donde conste, claramente, qué partidas se van a recortar. Una buena medida sería que la autorización para emitir deuda pública, por parte de cualquier Administración Territorial, deba condicionarse al cumplimiento de los objetivos de déficit.

El proceso de reestructuración del sistema financiero realizado en septiembre no ha conseguido que éste funcione de forma regular. Uno de los principales objetivos que perseguía el proceso de reestructuración bancaria era el saneamiento del sistema financiero, pero continúa pendiente.

La reforma laboral es imprescindible y nuestras últimas previsiones acerca de la tasa de paro que podría alcanzar España, un 22,7% en 2012, nos alertan de que la reforma se debe acometer lo antes posible. Por ello, se tendrían que reducir los costes de contratación -vía cotizaciones sociales-, además de equiparar los costes del despido a la media de la Unión Europea –entorno a las 22 semanas-. La búsqueda de mayor flexibilidad obliga también a reformar la negociación colectiva, en la que se debe suprimir, de manera efectiva, la ultra-actividad de los convenios y dar preferencia a los acuerdos de cada empresa, así como dar prioridad a las agencias privadas de colocación. De cara a las empresas, habría que simplificar los trámites y la reducción del tiempo de apertura a 8 días, objetivo primordial con el fin de reducir los costes, además de equiparar el Impuesto sobre Sociedades a la media de la UE.

Por último, se hace cada vez más urgente incentivar las ventajas competitivas de la economía española, y poder, así, compensar el desplome de la demanda interna con un incremento de las exportaciones. La competitividad es, sin duda, la asignatura pendiente de nuestra economía; su ausencia se debe a los altos costes no relacionados con la actividad productiva que repercuten en el precio final del bien o del servicio.

De este modo, tanto la delicada situación de la economía española como los motivos que nos han llevado hasta ella señalan la conjunción de la crisis financiera internacional, el estallido de la burbuja inmobiliaria y la pérdida de competitividad de nuestra economía como los desencadenantes de la crisis. Coincidentes son gran parte de los análisis que atribuyen a la organización de nuestro sistema económico –la rigidez del mercado de trabajo, la estructura del sistema productivo- como la responsable de la magnitud y de la intensidad de esta situación. No es, por lo tanto, una coincidencia el hecho de que exista gran consenso sobre las reformas que habría que emprender y culminar para cambiar el rumbo de los acontecimientos, corregir los desequilibrios actuales y evitar que éstos vuelvan a proliferar. Así, nadie niega la necesidad de continuar con el proceso de consolidación presupuestaria, la importancia de llevar a cabo el saneamiento del sistema financiero o la urgencia de reactivar el mercado de trabajo.