El Gobierno puede fijar el nivel de salario mínimo, pero no el número de trabajadores que cobrará ese salario mínimo

En las economías de mercado, la política puede establecer, por ley, un salario mínimo, pero son las empresas las que determinan el número de personas que tendrán empleo a ese nivel salarial, así como la duración de la jornada o la modalidad de contratación temporal o indefinida. El empleo tenderá a alcanzar el nivel en el cual su coste para las empresas iguale la contribución relativa de los trabajadores empleados a los ingresos de los mismos. Si el SMI (para ser más precisos, el coste salarial mínimo) en términos reales asciende hasta un determinado nivel, los trabajadores empleados o parados cuya productividad sea inferior a dicho nivel tendrán un riesgo elevado de perder su empleo o de permanecer en el paro. La propuesta de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 euros/mes en 2019 (incremento del 22,3% frente al SMI actualmente vigente, la mayor subida, de largo, experimentada en toda la etapa democrática) ralentizará la creación de empleo a tiempo completo, fomentará la contratación temporal y la economía sumergida y elevará el paro estructural de los jóvenes y de los trabajadores menos cualificados. Los más perjudicados por esta medida no serán quienes están ganando salarios alrededor del mínimo, aunque algunos de ellos pueden sufrir pérdidas de empleo o reducción de jornada, sino los trabajadores con más dificultad para acceder al empleo y los más propensos a permanecer en el paro. Subiendo el salario mínimo no se consigue mejorar la calidad del empleo sino simplemente mantener en el paro a muchos trabajadores que podrían encontrar empleo en ausencia de dicha medida. El nivel de los salarios reales de una sociedad sólo puede crecer cuando la calidad de su capital humano y su stock de capital físico crecen proporcionalmente más que su población activa y cuando la aplicación de los avances tecnológicos u otras mejoras de la eficiencia en la asignación de recursos aumenta la productividad total de sus factores productivos. Cualquier aparente atajo que se siga fuera de esas vías, y en España desafortunadamente hemos seguido muchos, termina antes o después en más desempleo, con la consiguiente descapitalización de los trabajadores afectados y, en última instancia, en menores avances de los salarios reales de los que se conseguirían acoplando la remuneración de los trabajadores a sus niveles de productividad en cada momento.