Una reforma pendiente, un modelo para reducir las desigualdades

Artículo de opinión de Almudena Semur, Coordinadora del Servicio de Estudios del IEE, en el diario El Economista, el 30 de septiembre de 2017. En menos de treinta años,  nuestro país  ha pasado de tener una estructura totalmente centralizada,  a situarse entre los países más descentralizados de la OCDE. No en vano, las Comunidades Autónomas (CCA) son la mayor de las Administraciones Públicas españolas (AAPP), absorbiendo más de un tercio de su gasto final total, y más de la mitad de su personal, a la vez que gestionan los servicios públicos con incidencia más directa sobre el bienestar de los ciudadanos, incluyendo la sanidad, la educación y los servicios sociales. Este grado de descentralización ha provocada que incluso se llegue a confundir  el ejercicio de autonomía administrativa con el  ejercicio de la soberanía. En nuestro país conviven dos sistemas de financiación regional muy diferentes. El sistema  Foral, aplicable en el País Vasco y Navarra, y el sistema de Régimen Común,  aplicable en el resto de CCAA. Así, mientras en el sistema foral son las haciendas forales las que recaudan y gestionan la totalidad de los tributos, para después transferir al Estado una cuota denominada cupo,  que en principio debería cubrir el coste de los  servicios sufragados por el Estado en dicho territorio. Por el contrario, en el sistema de Régimen  Común,  es  él Estado quien mantiene el control directo sobre buena parte de la recaudación de los tributos, para luego transferir a la CCAA los recursos necesarios para que estas puedan financiar las competencias cedidas. Las sucesivas reformas llevadas a cabo en el modelo de financiación, la ultima en el año 2009,  es uno de los  asuntos que más controversia ha generado entre los gobiernos regionales y la Administracion Central,  y con la llegada de la crisis,  el  debate no hizo más que agudizarse, llegando  incluso a convertirse en uno de los principales argumentos del independentismo catalán desde el año 2012. Cierto es que a nuestro modelo de financiación le hace falta una reforma. Las sucesivas reformas se han traducido en un gradual aumento de la autonomía tributaria de las Comunidades Autónomas y en una creciente complejidad del modelo, sin llegar a resolver los problemas de equidad subyacentes. Y el resultado final ha sido siempre un sistema complejo y poco transparente, con serios problemas de equidad y eficiencia. El arbitrario reparto de recursos llega a producir unas diferencias de hasta  29 puntos entre las regiones mejor y peor financiadas, diferencias que  nada tienen que ver con factores de coste,  ni con ingresos tributarios de los  distintos territorios,  sino que vienen de la mano del arbitrario reparto de recursos que genera el actual sistema. Así nos podemos encontrar  que en el año 2015,  el volumen total de la financiación definitiva regional experimentó un aumento del 6,9% respecto al año anterior y que Cantabria y La Rioja fueron las comunidades autónomas mejor financiadas  en cuanto a financiación efectiva a competencias homogéneas por habitante ajustado, tras ellas, se situaron Baleares Castilla y León, Aragón Asturias, Galicia y Castilla-La Mancha. Mientras que las peor financiadas fueron la Comunidad Valenciana Andalucía Comunidad de Madrid y Cataluña. Con el objeto de solventar las carencias del modelo,  el pasado mes de julio una Comisión de Expertos presentó a instancias del Gobierno un dictamen detallado sobre la reforma del sistema con una serie de propuestas para mejorar la autonomía financiera de las comunidades autónomas de régimen común. Así,  entre las propuestas  podemos encontrar el otorgar  capacidad sobre el IVA a las regiones,  o acabar con el llamado statu quo, cláusula que impide que ninguna comunidad autónoma pierda respecto al anterior sistema en caso de reformar el modelo. El traslado  a cifras del dictamen   ha sido realizado  por Angel de La Fuente , director de Fedea que bajo distintas hipótesis calcula  como quedarían las regiones en el caso de  que llegue a buen puerto la reforma del modelo. Para los cálculos aplica dos nuevos instrumentos, el Fondo Básico de Financiación (FBF)  fondo formado por los recursos propios y cedidos a las CCAA y el Fondo de Nivelación Vertical (FNV) , fondo que se nutriría con el dinero aportado por el Estado que sería repartido entre las 15 comunidades de régimen común para reducir la desigualdad entre regiones.  Pues bien, de aplicarse el sistema propuesto por los expertos y respetando el statu quo, que de una forma gradual deberá ir desapareciendo, es decir que ninguna comunidad pierda respecto al anterior modelo, la diferencia entre la región mejor financiada y la peor  podría pasar de 29,2 a 11,0 puntos,  siendo las comunidades más beneficiadas Madrid y Cataluña,  regiones que son las que  más aportan a la caja común,  así como  Valencia gran perjudicada del actual modelo.