José Luis Feito ha presentado “La cuestión catalana”, junto a Ángel de la Fuente y Clemente Polo en el Círculo Ecuestre

El Presidente del Instituto de Estudios Económicos, José Luis Feito, presentó ayer la segunda parte del monográfico sobre “La cuestión catalana II. Balanzas fiscales y tratamiento fiscal de Cataluña” en el Círculo Ecuestre. Durante el acto intervinieron Ángel de la Fuente, investigador del Instituto de Análisis Económico, y Clemente Polo, Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la UAB, autores de la obra. El informe señala que el modelo de financiación de las Comunidades Autónomas constituye un importante pilar de nuestro marco legal cuyo correcto diseño es vital para garantizar el buen funcionamiento del Estado Autonómico. Es uno de los asuntos que más controversia ha generado en nuestro país desde el inicio del proceso de descentralización. Rara vez las Regiones acaban de estar contentas con las sucesivas reformas del modelo. El hecho de que no todos los ingresos aportados por una Comunidad a las arcas del Estado reviertan después en la misma proporción es objeto de polémica entre las distintas Comunidades, polémica que se ha agudizado con el desafío soberanista impulsado por la Generalitat de Cataluña. Se han hecho muchas afirmaciones desde ámbitos soberanistas respecto al maltrato fiscal sufrido por la Comunidad Autónoma de Cataluña y a la bondad económica de la independencia. Con el objeto de contrastar estas afirmaciones, el IEE ha considerado prioritario publicar esta segunda parte de “La cuestión catalana” en la que participan dos expertos de primera fila en la materia: Ángel de la Fuente y Clemente Polo. Ángel de la Fuente examina, de manera crítica, la tesis nacionalista del maltrato fiscal apoyándose en datos contrastados y en comparaciones con otros territorios que nos pueden servir de referencia como son Alemania, el Reino Unido, Italia, Australia y Canadá. El análisis se centra en las dos cuestiones en las que suele concretarse la queja nacionalista: la financiación del Gobierno regional catalán y el saldo fiscal de la Comunidad Autónoma. Su conclusión es que las quejas nacionalistas no están bien fundamentadas. Con las cifras en la mano, Cataluña no está especialmente maltratada en términos de su financiación regional, pues se sitúa en la media, que es donde deberían estar todas las Regiones sobre la base del principio de igualdad que consagra nuestra Constitución. A pesar de que los datos no evidencian indicios del maltrato, sí revelan una distribución cuestionable de los recursos entre las distintas Autonomías caracterizada por una elevada desigualdad y un alto grado de arbitrariedad. Con datos de 2011 hay un abanico de 27,5 puntos porcentuales entre las Regiones mejor y peor tratadas por el sistema, que no tiene nada que ver con diferencias en factores de coste ni con los ingresos tributarios brutos de los distintos territorios. Esta distribución, que genera una comprensible irritación entre parte de la población catalana, proviene fundamentalmente de dos fuentes. La primera es la excepción vasco-navarra y la segunda deriva del incumplimiento del llamado principio de ordinalidad. En cuanto al saldo fiscal de una Comunidad Autónoma, para el autor, el hecho de identificar el déficit fiscal de un territorio de renta elevada con el latrocinio de la Administración Central es, lisa y llanamente, un disparate. Por otro lado, Clemente Polo analiza en su estudio los diversos argumentos económicos que los partidarios de la independencia han presentado para convencer a los ciudadanos catalanes de los importantes beneficios económicos que obtendrían si Cataluña se independizara de España, argumentos que, para este autor, no resisten un análisis riguroso. Buena parte de esos análisis se plantean en escenarios inverosímiles que dan por sentado que el nuevo Estado catalán seguirá en la UE y en la eurozona. Nada más lejos de la realidad, ya que las autoridades europeas han confirmado de palabra y por escrito que si Cataluña se independizara quedaría inmediatamente fuera de la UE. Por consiguiente, se le aplicaría la normativa vigente a cualquier Estado que no pertenece a la UE y que implica, entre otras muchas cosas, que Cataluña quedaría fuera de la unión aduanera y de la Unión Económica y Monetaria. No hay puerta trasera, ni acuerdos parciales que sustituyan a los Tratados firmados por el Reino de España. Los partidarios de la independencia no han dudado en señalar que las exportaciones de las empresas catalanas apenas se resentirán si Cataluña se independiza y que la caída del PIB será probablemente inferior al 1% en el escenario más desfavorable. Para Clemente Polo este punto de partida es inverosímil, las hipótesis que hacen sobre la caída de las exportaciones al resto de España y el aumento de las exportaciones de Cataluña al resto del mundo carecen de respaldo empírico y conducen a conclusiones poco creíbles. En su afán por minimizar las pérdidas, suponen que los flujos de las empresas multinacionales no se verán afectados y que el boicot irracional solo afectará al 20% de las exportaciones de bienes intermedios y al 50% de las exportaciones de bienes de consumo. La evidencia empírica de los casos de desintegración de algunos Estados en el este de Europa indica que la caída de los intercambios oscila entre el 35% y el 50%, incluso cuando la desmembración se produjo de mutuo acuerdo. Además, ignoran que la salida de la UE afectará negativamente no solo a las exportaciones a España sino también al resto de los socios europeos. Clemente Polo también pone en tela de juicio el presunto déficit de la balanza fiscal de Cataluña, cuantificado en 16.400 millones, y que ha llevado al Gobierno catalán y a los partidos que lo apoyan a calificarlo de expolio y a trasladar a los ciudadanos la falsa conclusión de que la independencia permitirá mejorar las infraestructuras, los servicios públicos y las pensiones, e incluso reducir los impuestos. Para el autor la realidad es otra. Los abultados déficits que subrayan el expolio no son solo el resultado de la exclusión injustificada de algunos ingresos y gastos para inflar el déficit sino que se está ante un verdadero fraude intelectual. Los cálculos que presenta, incluso sin modificar los arbitrarios criterios de imputación utilizados, reducen los porcentajes sobre el PIB al 4,35% y al 4,13%, respectivamente, esto es, menos de la mitad de las cifras publicadas y publicitadas por el Gobierno catalán. Por ultimo, Polo subraya que la existencia de un saldo fiscal positivo de un territorio no garantiza que ese saldo se mantenga después de la independencia. En otras palabras, es incorrecto identificar el saldo de la balanza fiscal con el ‘dividendo fiscal de la independencia’. También cuestiona el hecho de que los partidarios de la independencia hayan expresado su convicción de que el nuevo Estado catalán podrá mantener el euro. Para el autor, si Cataluña se independiza quedará fuera de la eurozona. Tampoco hay que descartar movimientos de capitales que buscarían la seguridad que ofrecen las entidades financieras localizadas en la eurozona. Finalmente, hay una probabilidad elevada de que Cataluña acabe imponiendo controles a los movimientos de capital y se vea obligada a introducir una moneda propia con un valor muy inferior al euro. En definitiva, incluso los partidarios de la independencia ven una transición complicada hacia la moneda propia, circunstancia que todavía dificultaría más la situación económica de las empresas y entidades financieras catalanas.

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