Las deudas de España y el papel del sector público

[highlight style="light"]Artículo de opinión de Joaquín Trigo, Director General del IEE, en El Economista el 23 de octubre de 2013 [/highlight]   El esfuerzo de todas las instancias del país para reducir su deuda es encomiable pero, hasta ahora, insuficiente, a pesar de los recortes y sacrificios de toda índole. Para considerar lo que se está haciendo a este respecto, quizá fuera mejor hablar de deudas en lugar de una deuda genérica y, así, se tendrían seis deudas agregadas: la de las sociedades no financieras, la de las instituciones financieras, la que corresponde a las Administraciones públicas, la de los hogares, la de la vivienda y el resto. Cada una de estas deudas es muy elevada, hasta el punto que tres de ellas superan el PIB y siguen aumentado, sólo una, la de las familias, la menor, la reduce. Las administraciones públicas tienen una parte clara, la Administración Central, y otra menos conocida a medida que son más pequeñas. En algunos ayuntamientos, se recurrió a crear empresas, algunas claras y otras opacas. Las segundas, con la presencia de varias entidades ninguna de las cuales llegaba al umbral que obliga a declararlo. Otros ayuntamientos  pidieron a su Diputación que les hiciera la limpieza de las aceras y la recogida de las basuras, así el coste no es imputable al ayuntamiento ni tampoco otras tareas que en la misma provincia suelen hacer empresas privadas. El resultado fue que había Ayuntamientos con dificultades de pago por exceso de obras, de la contratación excesiva o de ambas cosas. El exceso de personal se ha reducido en cifras de seis dígitos. Este hecho explica que no se haya reducido el número de parados, a pesar de las nuevas incorporaciones, del retorno de algunos inmigrantes, y de la emigración de otros. Por otra parte se explica que el esfuerzo de reducción de la deuda pública no lograse lo esperado pero, al menos, ha servido para ponerse en situación de conseguirlo en breve. Hasta hace poco las empresas creadas por los ayuntamientos, y otras entidades públicas, tenían un tratamiento preferente por parte de la banca, ya que esta no estaba obligada a hacer provisiones para cubrir los fallidos derivados de estas. Tras esas experiencias cabe esperar que esas actuaciones se limiten a lo urgente. La exigencia de rigor financiero no sólo deriva de los malos usos sino que se ha extendido a la puesta en cuestión el total de ayuntamientos, que se consideran excesivos en número, gravosos e ineficientes. Las razones que justificaron sus desdobles van desde la dificultad de actuación desde una población a otra hasta la alegación de que desde el consistorio no se tenía la debida consideración con otras poblaciones. Esas causas, reales o presuntas no tienen lugar en una sociedad sana que debería regirse según criterios de igualdad y de eficiencia en el uso de los recursos públicos. Países tan diferentes como Alemania, Portugal, Gran Bretaña, Bélgica y otros,  tienen en común frente a España un menor número de Landers y Ayuntamientos. En los cuatro casos la comparación con España es parecida en cuanto a que tratan de evitar el “minifundismo municipal” y buscan reducir el número de municipios facilitando su fusión y potenciando a sus mancomunidades. Así, en Alemania, la media del número promedio de habitantes en los Ayuntamientos es de 7.014 y el número de municipios 11.481; en Bélgica de 18.837 para 589 municipios; en El Reino Unido 146.645 con 433 municipios; en Portugal 34.228 de media en sus 308 municipios. En España 5.768 es la media de personas en sus 8117 municipios. Hay un país que tiene aún menos que España, Francia que con 36.700 municipios tiene una media de 1780 personas  por municipio. En realidad hay países en los que los residentes en sus ciudades son mayores o menores, pero en el nuestro, la figura de la Diputación debería de ser suficiente para colmar las necesidades a las que no llegan los Ayuntamientos y el número de estos reducirse en lo posible, al tiempo que, los entes interpuestos entre ellos y las Diputaciones, donde los hay, se podrían eliminar. Cuando hay una proliferación de Administraciones sin que sus competencias estén prefijadas puede ocurrir, y de hecho ocurre, que en unas se aumenten en exceso los servicios ofrecidos y que en otras falten, al que tiempo que los ciudadanos y las instancias superiores desconozcan los costes en que se ha incurrido. Un nivel mayor lleva a una crisis generada directamente por algunas las Administraciones Públicas, aunque sean subcentrales, lo que  es algo impropio del momento de crisis actual. De hecho, estas circunstancias parecen más propias de las necesidades de los reinos de taifas que de un país moderno, porque llevan a aumentos fiscales generalizados, de modo que se buscan y se encuentran tasas por verificación de bares y restaurantes y se imponen verificaciones que parecen saltar de una a otra comunidad autónoma. Por suerte, pero al ritmo que obliga la normativa vigente, se está trabajando en remediar dislates como los expuestos. Es obvio que los excesos son caros, su efecto era previsible y sus efectos evitables. Lenin solía decir que “es preferible menos pero mejor”. Qui prodes. El Consejo de ministros aprobó el 26 de julio de 2013 el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Trata de acabar con competencias impropias de los Ayuntamientos. Incentiva las fusiones voluntarias y se aumentan las trabas a las escisiones y las creaciones de nuevos municipios. Se potencia a las Diputaciones provinciales para mejorar la prestación de servicios mínimos obligatorios en municipios de menos de veinte mil habitantes. Se exige publicar el coste efectivo de sus servicios … y se espera un ahorro de 8.024 millones de euros para el periodo 2113-2019. “Que así sea” … las trabas están en un lado y la preferencia de algunos ediles en otro.