La cuestión catalana al borde del precipicio

[highlight style="light"]Artículo publicado por Almudena Semur, Coordinadora del Servicio de Estudios del IEE, el 13 de marzo en Expansión [/highlight]   La pretensión  de querer efectuar  un inaudito plebiscito mediante el cual se pregunte a la ciudadanía catalana si quiere independizarse de España, además de irrumpir en  los prolegómenos de la reforma del modelo de sistema de financiación, choca estrepitosamente con el proceso de reformas iniciadas por nuestro Gobierno con el fin de abaratar la patria y por ende las regiones que la componen. Sus  impulsores, con  notorio optimismo, no dudan en ofrecer  el mejor de los mundos. Cuando obtengan la independencia, gobernarán mucho mejor, tomarán sus propias decisiones y organizarán una Administración Pública  mucho más eficiente, aunque dicho sea de paso, la Administración catalana no es ni más ni menos que  una fotocopia de la Administración española con sus mismos vicios y virtudes. Se conseguirá también la anhelada Agencia Tributaria propia, aunque para tal fin se tenga que renunciar a  todas las ventajas que  pueden ofrecer  los servicios centrales de dicho organismo en materia de  información y control con relación a los  grandes contribuyentes localizados fuera del territorio catalán, lo que iría en claro decremento de la recaudación del futuro Estado propio. Y todo ello porque los impuestos pagados por Cataluña al Estado no revierten después en la misma proporción. Apuntan los independentistas que la cifra o dividendo objeto de litigio asciende a 16.409 millones de  euros , lo que equivaldría a 2.195 euros por habitante, cifra que por supuesto no incluye los gastos sufragados por el Estado  destinados a financiar competencias comunes que  no han sido transferidas y de las que, desde luego, Cataluña  se beneficia. Por tanto, y  teniendo en cuenta esta premisa, el hipotético dividendo fiscal reclamado debería rebajarse en un principio a 11.261millones de euros. Y digo en un principio por las distintas metodologías que  se pueden utilizar para su cálculo. Con el dividendo que dejarían de pagar a España construirían un Estado propio en el que vivirían  mucho mejor,  evitarían los recortes y  además podrían  sufragar  cómodamente todos los gastos ocasionados por  el Estado del Bienestar, señalan los independentistas. Sin embargo, tampoco le fue tan mal a Cataluña cuando en el año 2010 se situaba con una renta disponible por habitante de 17.093 euros, lo que supone un 14% por encima de la media española, solo  superada por  Madrid, cuya renta se posicionaba en 19,5%, Navarra que se situaba 27,6% y el País Vasco que se alzaba con una renta del  33,9% por encima de la media. También funcionaron las cosas cuando se produjo la reforma del modelo de financiación del año 2009, que acabó aportando a Cataluña unos recursos de 17.855,9 millones de euros.  Probablemente me dirán que percibió menos que en el año 2008, concretamenteun 0,2% menos, pero el resultado fue relativamente mejor que para el resto de comunidades de régimen común, que vieron disminuidos sus recursos en un 8,5%. Vistas estas consideraciones, se tropieza de sopetón con un  inaudito plebiscito que quiere preguntar a la ciudadanía catalana si quiere independizarse de España sin calibrar la legalidad de la consulta, y sin evaluar la falta de plan viable que garantice la financiación de la construcción del nuevo Estado. Lamentablemente los costes económicos derivados de la separación y de la posterior creación  del nuevo Estado serán dolorosos. No solo por la pérdida de economías de escala con el Estado español en relación a los servicios comunes que éste sufraga, sino por el hecho de tirar por la ventana las ventajas, las ayudas  y los acuerdos bilaterales firmados por el Estado español por el hecho de pertenecer a la UE y a otros organismos internacionales. Cierto es que el nuevo Estado podría pedir el ingreso, pero  desde luego no será un camino de rosas ya que el proceso será dilatado en el tiempo. Si a esto se le añade la gran merma que sufrirá el comercio, tanto interior como  exterior, unido a las desviaciones que se pueden dar en las inversiones extranjeras provocadas por el efecto frontera, el nuevo Estado comenzaría su andadura soportando unos costes que pueden situarse en torno al 20% del PIB catalán. Esto sin tener en cuenta  lo que puede llegar a suponer para los Bancos catalanes no poder acceder a las líneas de liquidez y redescuento del Sistema Europeo de Bancos Centrales  y del BCE, a los que no les quedaría otro remedio que transformarse en bancos extranjeros, es decir españoles para poder acceder a las ventajas del eurosistema. El nuevo estado podría seguir con el euro, los independentistas ya lo han anunciado,  pero la tarea será harto complicada. Así las cosas, tal y como señala Jose Luis Feito en el prólogo de La Cuestión catalana hoy, editado por el IEE; “los que buscan la secesión no saben lo que hacen porque no saben lo que deshacen.”