El equilibrio inestable: subir impuestos y más empleo

[highlight style="light"]Artículo publicado por Joaquín Trigo, Director General del IEE, en 23 de enero en El Periódico de Catalunya [/highlight]   Las familias se encuentran con menos dinero para atender a las necesidades diarias porque sus ingresos se han reducido y los impuestos han subido. Esto incluye a quienes trabajan para las Administraciones públicas, que también han tenido reducciones en ingresos y más días laborables. Con menos recursos disponibles es obvio que la capacidad de compra baja y eso fuerza a que las empresas deban de reducir sus plantillas para mantenerse. La salida inmediata pasa por buscar y encontrar nuevos mercados, lo que se dice con facilidad pero es difícil de conseguir, por un lado, porque la situación también es delicada en nuestro entorno y, especialmente, porque la inmensa mayor parte de nuestras empresas son pymes, con pocos recursos y sin conocimiento profundo del exterior, a pesar de lo cual algunas han logrado el logro y el mérito de conseguirlo. El sector público ha reducido una parte de las actividades que gestiona, desde la sanidad a la información y el entretenimiento en emisoras de radio y televisión. Sin embargo ha hecho mucho menos en la adaptación a la capacidad de pago actual de las propias administraciones subcentrales (Ayuntamientos, Diputaciones y CC. AA.). En algunos ayuntamientos el número de empleados es excesivo en número y corto en eficiencia, las facturas por pagar llenan los cajones y las prestaciones son desiguales. En países como Alemania, que cuenta con más población que España, hay menos Landers (equivalentes a las CC. AA) y Ayuntamientos que en España, no que no obsta para que la calidad de sus servicios sea mayor y el coste de las prestaciones menor que las de España. El peso de los impuestos en España solo es superado por dos países de la UE y otros dos en el resto del mundo. En cambio, la generación de normas de obligado cumplimiento es más elevada, la nueva normativa genera, cada año, más de un millón de páginas de BOE y normas de estamentos subcentrales. Eso no aporta mayor seguridad y aumenta los costes de cumplimiento. Las Administraciones Públicas deberían proceder a la misma adaptación de las empresas y familias. Eso conlleva reducción de costes, mejora de prestaciones y concentración en su propia actividad, así como la eliminación de las empresas que han creado y tratan de explotar. Caso de hacerlo, bajarían los impuestos y tasas, habría más financiación para empresas y familias, personas inactivas volverían a la actividad y se iniciaría el proceso de recuperación del empleo y la producción. En cambio, la continuidad del derroche financiado con endeudamiento externo, que ahora genera facturas sin pagar, solo posterga la salida de la crisis.