Pagos en efectivo y economía sumergida

[highlight style="light"]Artículo publicado por Joaquín Trigo, Director General del IEE, el 20 de octubre en El Economista [/highlight]   El manido e importante asunto de la  economía sumergida está presente en diversos proyectos de ley  que acaban de pasar  por el  Parlamento o que debatirán los  próximos meses Congreso y  Senado. Muchos son los  aspectos involucrados, como es lógico. Pero uno de los  más relevantes y menos analizados y aprovechados  es el  de las  posibilidades que ofrecen los pagos electrónicos para contribuir a la necesaria transparencia de los agentes públicos y privados. El tema se trata,  aunque sea de pasada,  en el  proyecto de ley de modificación de la  normativa tributaria  y presupuestaria y de adecuación de la  normativa financiera  para la intensificación de las  actuaciones en la  prevención y lucha contra el fraude, presentado en julio.  La respuesta que se le  da es limitar los pagos en efectivo a los 2.500 euros. Todavía desconocemos  el  texto de las  enmiendas presentadas o  que presentarán los  grupos parlamentarios. Pero por la  posición de mayoría  absoluta del PP no parece que vaya a  cambiar ese tope. En ese caso, la medida no tendría gran impacto entre familias y empresas  a la  hora de decidir utilizar  pagos en efectivo o pagos electrónicos,  además de transportes mas cómodos, rápidos, seguros y sobre todo baratos para el  conjunto de los  agentes económicos,  y en especial para las  Administraciones  Públicas. Por tanto, más que políticas coactivas o de freno a la libertad  de los  agentes económicos,  deberíamos pensar en una política  económica que prime una serie  de medidas basadas en incentivos a favor de esa sustitución, o que al  menos no la  dificulte.  Así al menos  tendríamos  la seguridad de que, al  margen de que siga siendo propiedad de esa sustitución por la  dinámica del mercado, recibiría un impulso de las Administraciones Públicas. El mercado ya se ha pronunciado sobre ello en las  últimas décadas, cuando se ha registrado una creciente y acelerada competencia  entre  el dinero efectivo y el  electrónico. En la  UE este último, gracias a sus ventajas e innovaciones,  ha pasado de no existir  a una cuota actual del 22 por ciento,  aunque es  menor que en los  EEUU. La clara correlación negativa entre desarrollo y efectivo (y positiva con el  dinero digital) se confirma también en España, donde el  efectivo ronda el  83 por ciento en vez del 78 por ciento de promedio  europeo, similar al  de Cataluña, desde donde La Caixa ostenta hace años el  liderazgo español en tarjetas  de débito y crédito cuando por ingresos o beneficios era la tercera entidad bancaria. Ese proceso de sustitución se aceleraría si  los precios se basaran en costes y no lo frenaran tanta  opacidad y sus fallos  de información. Incluso para los comerciantes, es mayor el  coste del efectivo que el  dinero digital si  las estimaciones se basan exclusivamente en el  coste de uso de los recursos y en condiciones de libre  oferta de efectivo,  como han demostrado desde esas premisas De Grauwe y otros (2006), desde el  think tank ahora presidido por Jean-Claude Trichet, ex presidente del BCE. Para los  demás agentes y para la  economía  total,  más claros e importantes  cuantitativamente son los beneficios netos. La diferencia entre ventajas y desventajas se decanta hacia las  primeras incluso si  limitamos las estimaciones al  ámbito económico, sin  extenderlas al social, ecológico  u otros. Muchas  han sido las  ventajas definidas por la literatura  económica  a favor de los  nuevos pagos electrónicos,  aunque todavía hemos de superar dos grandes agujeros negros informativos: el señoreaje  y la  economía sumergida. Uno se sitúa al principio del proceso de creación del dinero, mientras que el  otro está al final.  El primero en sentido original era la  diferencia entre el valor facial del dinero y el coste de emitirlo, ahora estimado para la  eurozona en torno al  0,4 por ciento del PIB por la  diferencia entre el rendimiento de los activos monetarios (tipos de intervención de los bancos centrales y el  coste de sus pasivos), aun cuando alcanzaba en los  países de origen hasta el  5 por ciento del PIB, cuando era mayor la  inflación y menor la  profundidad monetaria. El segundo, opaco por definición, es el resultado de las barreras de origen regulatorio, fiscal  y parafiscal que dificultan la creación de empresas (1)  y alcanza en la  actualidad estimaciones del 17 por ciento del PIB en la media de la  UE y de casi el  25 por ciento en España. En una comparación  de 14 estudios realizados en diversos países europeos (2),  se  ha considerado  hasta una treintena de tipos de costes para el conjunto de la sociedad, distribuidos entre los cuatro grandes agentes que intervienen en la creación y el uso de dinero: bancos centrales,  bancos minoristas, comerciantes y consumidores. Aunque los  estudios  excluyen las transferencias entre agentes y se limitan a los costes finales,  sus conclusiones muestran amplias  diferencias entre países,  aunque siempre en contra del futuro del dinero efectivo. Por ejemplo, en cuanto a costes  de producción y distribución, las tarjetas son más baratas para el  conjunto de la  economía. Al comparar los estudios de cinco países europeos y Australia,  el  efectivo cuesta de media el  3,24 por ciento del valor de las  compras  (3,1 por ciento de media), mientras que las tarjetas  quedan en el  1,21 por ciento en ambos tipos de medidas. Sin embargo, quizá lo  mas importante de cara a las  diversos proyectos de ley relativos a la  economía sumergida  y el fraude laboral y fiscal  es que las tarjetas  tienen mucha más transparencia de costes  de producción y distribución que el  dinero efectivo, incluso para los comerciantes. Porque al  dejar mejor rastro de todos los pagos, también dejan mejor constancia de su propio coste operativo de producción y distribución. Como en algunos casos los  costes  de unos agentes son ingresos de otros,  tampoco son incluidos  en los  estudios  comparativos, aunque desde el  punto de vista  teórico-económico  tales  transferencias  implican mejores o peores asignaciones de recursos.  Pero la  inmensa mayoría del dinero efectivo, antes de llegar al  pago final  del consumidor  al  comerciante, pasa como las tarjetas  por las redes ATM  o de cajeros automáticos, cuyos costes según McKinsey  (2008), representan más del 90 por ciento del coste del dinero en efectivo y a pesar de que el  valor de las transacciones en toda Europa cayó un 1 por ciento entre  2002 y 2006, su coste aumentó un 2 por ciento (y más en algunos países).  De ahí que el  cash resulte más caro y utilizado en exceso pese a que las  tarjetas  de débito resulten más baratas a partir de transacciones  entre 8 y 15 euros según lo países. Ala mayor transparencia en sus propios costes,  el  dinero electrónico suma una mayor proporción de información  a los agentes que lo usan, aunque estos  difícilmente  pueden comparar y tomar decisiones racionales, ante la  gran opacidad de costes del dinero efectivo. Algunos  se esfuerzan por justificar la racionalidad del efectivo al  argumentar que los  consumidores lo usan para mantener el  control sobre su liquidez y que la tangibilidad facilita  la  memoria  inmediata o la mirada al  bolsillo  y abarata el  procesamiento de información, de lo  que infieren  que es poco probable que pierda gran parte  de su importancia para ciertos  tipos de consumidores.  Pero lo cierto  es que han surgido herramientas de gestión digitales  que ayudan a los  consumidores  a controlar objetivos de gasto y avisarles cuando alcanzan el  umbral, y que incluso el  monedero electrónico y otras posibilidades traídas por el reciente uso de los  teléfonos móviles para los pagos generarían importantes ahorros económicos. En cualquier caso, esa superior trazabilidad es fuente de transparencia y control. Por todo ello, incentivar fiscal  o económicamente el  proceso de sustitución del dinero efectivo por el  digital  podría suponer mucha mayor eficiencia para el  conjunto de la  economía  y un sustancial ahorro de costes para la  sociedad, al margen de cómo se distribuyan los  actuales costes  y los beneficios y resultados del ahorro derivado de la sustitución,  variables que no obstante  también pueden contribuir  a esa  mayor eficiencia  macroeconómica  general. (1) Joaquín Trigo Portela: Barreras a la creación de empresas  y economía  irregular, Instituto de Estudios Económicos, 1988. (2) Dot. econ (2011). Costly cash: a synthesis of international  evidence on the  eost  of  making payments, julio.