La deuda más cara

[highlight style="light"]Artículo de Joaquín Trigo, Director General del IEE, publicado el 24 de julio en El Mundo [/highlight]   La semana se inicia con la prima de riesgo de la deuda Española superando claramente el 635. La petición de rescate de la comunidad Valenciana se ve como una irrupción a la que se añadirán otras que, como esta primera, evidenciarán las dificultades de sanear las cuentas públicas del conjunto del Estado Español.   El Gobierno español ha tenido buen cuidado en ayudar a los ayuntamientos, reducir costes y aumentar los ingresos. En este proceso ha procurado minimizar los daños y repartir los sacrificios, cosechando manifestaciones y críticas. Vistas desde el resto de la UE las medidas adoptadas son unos paliativos suaves. Entre otras cosas porque ellos ya los han hecho y les cuesta entender por qué aquí no se hacen. Los próximos ajustes se valorarán del mismo modo, a menos que incluyan grandes despidos, venta de edificios, reducción del número de ayuntamientos y entidades subcentrales, eliminar partidas de gasto innecesarias … y al tiempo, generar nuevos ingresos.   Los dos envites van en la buena línea, sólo les falta contundencia y sin ella, las apariciones  semanales de alguna comunidad autónoma o ayuntamiento con dificultades, o los problemas de otros países ya intervenidos, pueden y en realidad lo hacen, crear inquietud. Sin cuestionar lo hecho, las medidas siguientes no deberían demorarse porque toda dilación lleva al aumento del volumen y del coste de la deuda. Aún es posible frenar el proceso si se recurre a las mismas acciones de los países que fueren intervenidos. Para evitarlo hay que adelantarse, drásticamente, en la reducción de costes y la ampliación de ingresos para eliminar lo que se pueda del principal pendiente y, así, aminorar la deuda y rebajar su coste.   En su momento los países nórdicos redujeron el número de administraciones subcentrales, enajenaron propiedades y derechos, recortaron prestaciones y aumentaron exacciones. En Alemania también se pasó por un proceso delicado al hacer la fusión con los Landers del éste. Las exigencias impuestas a Irlanda, Portugal y Grecia, salvando las diferencias, exceden con mucho a las nuestras y las situaciones también difieren. Convendría dar pasos como los expuestos y, además imponer tasas especificas a las posesiones de no residentes que las alquilan parte del año, con coste superior a los tenedores radicados en paraísos fiscales y deslindando según sus peculiaridades. Aún más, el gobierno aún no ha apelado directamente a la población para que aporte su grano a la superación de esta situación.