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La peculiaridad es el rasgo más notable de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que presentó el gobierno, sabiendo que su mayoría garantizaba su aprobación. Lo que no suele bastar si no se acompaña de una explicación coherente, viable deseable. Por un lado, las dificultades en presencia provenían de los últimos años y no se le podían imputar al nuevo gobierno. Por otra parte, el entorno -tanto en interior del país como en el exterior- se había vuelto incierto, especialmente en la UE pero también en el resto del mundo con problemas adicionales para casi todos, por el aumento del precio del petróleo y en España, además, otros propios. Entre otros, hubo que pechar con la nacionalización de empresas energéticas en Argentina y Bolivia, se hizo difícil rentabilizar la mejora en la productividad de las empresas por la ralentización del crecimiento en los países de la UE y se añadieron temas como la situación de Bankia y sus coletazos o bien la necesidad de dar una salida correcta y completa al problema del déficit de la tarifa eléctrica. Otro rasgo propio de los PGE es su duración, unos siete meses.
Visto desde la óptica de los inversores, que deslindan cuantías y grupos de interés, la deuda de familias, empresas y Administraciones Públicas españolas ronda el tiple del PIB y más de un tercio se debe a particulares y bancos de los países de la UE. Estos no desean aumentar su exposición al riesgo y consideran que éste ha aumentado y, de no adoptar medidas adecuadas seguirá haciéndolo, por lo que, debe fijarse un interés más elevado. Datos como la mayor tasa de paro de los países desarrollados, el número de procesos concursales que en 2011 ascendió a 5.821, etc. En respuesta, el Gobierno debe aprobar presupuestos con déficit menguante así como la aprobación de reformas estructurales y reducción de gastos en un período lo más corto posible. Una buena parte de la oposición, por el contrario, no tiene esas necesidades ni prisas, así que la mayoría puede estar en soledad.
El contenido es acorde a lo perseguido. La previsión de gastos no financieros del Presupuesto Consolidado, que incluye Estado, Seguridad Social, Organismos Autónomos y otros entes de la Administración Central del Estado, sin contar partidas derivadas de ejercicios anteriores y financiación a las Administraciones Territoriales (AA. TT.), asciende a 260.216 millones, lo que supone una reducción del 3,4% respecto al ejercicio anterior. El gasto financiero aumenta en un 5,3% y en cuando al gasto corriente el ahorro frente al Presupuesto anterior es de 3.000 millones. Para las AA. TT. La reducción es de 3.084,6 millones. En la inversión pública la reducción es más contundente al bajar un 36,2% que equivale a 12.068,4 millones, con lo que se queda en 21.243,8 millones. La reducción total, sin contar con las AA. TT. es de 15.243 millones lo que resalta la aportación crucial de la reducción de la inversión pública lo que equivale a decir que está descompensada, pero también que evita crujidos en las partidas corrientes (pensiones, retribución de empleados, pagos por desempleo, intereses de la deuda etc.) que suele ser rígidas a corto plazo.
El Gobierno espera recaudar, junto las AA. TT., 167.797 millones de euros con un aumento del 4,1% sobre 2011 y, en lo que concierne los impuestos directos, el aumento sería del 7,5% y en los indirectos bajaría un 3%.
El conjunto trata de configurar un objetivo realista que se crea, que evidencie los compromisos de consolidación presupuestaria y control del déficit. El procedimiento se apoya en la reducción de la inversión y el aumento de la tributación directa, precisamente cuando el empleo se reduce y aumenta la capacidad de pago. Visto desde el exterior se resalta que se rebajan las dotaciones de los programas, cuando quizá hubiera sido preferible eliminar los prescindibles y mantener el resto. Asimismo conviene rebajar el peso de las cotizaciones a la Seguridad Social, que frenan la creación de empleo y que se podrían compensar con aumentos en el IVA.
Las presiones externas seguramente han incidido en esta orientación que, por otra parte, parece que sólo se mantendrá en este ejercicio, que además es parcial y que daría paso a un enfoque que facilite la contratación laboral y la competitividad al tiempo que aumentaría los impuestos indirectos que, también afectan a las mercancías importadas. Una vez evidenciada la rectitud de la gestión y la coherencia de actuaciones puede reducirse la carga de la deuda que, efectivamente impone su designio. La gran diferencia está en que si se consigue la consolidación fiscal el coste su financiación será bajo, en torno al 2% y, caso contrario, superará el 5%. En primera versión se puede pagar el interés y parte del principal mientras que en la segunda no sólo no se podría rebajar el principal sino que éste, incluso podría aumentar generando una espiral destructiva de consecuencias imprevisibles pero siempre negativas.
El ritmo de cumplimiento de los objetivos que se incluyen en los PGE también es crucial por otros motivos, además de la recuperación de la confianza de los inversores. A título de ejemplo basta con sacar a colación el corredor ferroviario del Mediterráneo, que vertebraría el sur y el este de España soportado por financiación ad-hoc de la Unión Europea, sujeta a la condición de que España pague su parte, lo que ahora es muy difícil, pero que, pero que podría hacerse si se alcanzan los objetivos de los PGE, se avanza en la devaluación interna del modo en que se hizo en Alemania en los años noventa y se gana la competitividad que conllevan. Hay muchos síes condicionantes, como ocurre siempre con el futuro que es incierto y, o bien se hace con valor y perseverancia o lo hacen otros en beneficio propio.