Viejos y nuevos problemas con la crisis

[highlight style="light"]Artículo de Joaquín Trigo, director general del IEE, publicado el 11 de marzo en La Vanguardia. [/highlight]   Tras el reconocimiento tardío de la crisis, se intentó combatirla con el gasto de las administraciones públicas (AA. PP.) esperando que fueran capaces de generar empleo y capacidad de pago. Las AA. PP., en un entorno económico favorable, habían incrementado sus recursos fiscales y su deuda. Al tiempo, aumentaron sus actividades, sus prestaciones y el número de empleados de modo que, cuando el descenso de la actividad económica redujo sus ingresos, tuvieron que recurrir a la financiación bancaria para atender al gasto corriente, asumiendo el coste sobrevenido. La opción de reducir los gastos corrientes no se consideró y, ante la caída de la recaudación, el nuevo gobierno se planteó la posibilidad –que llevó a la práctica- de aumentar la presión fiscal al tiempo que recababan más ayudas financieras, que debían ser pagadas con los costes consiguientes.   La deuda no sólo absorbe recursos a través de los intereses que devenga, sino que lleva lejos del país los pagos de la deuda al tiempo que reduce los medios disponibles para rehacer el tejido industrial y comercial del país, lo que aplaza el comienzo de la recuperación. Esto se agrava cuando las AA. PP. no pagan a sus acreedores pero insisten en que estos deben cumplir sus obligaciones fiscales, lo que lleva a apremios, recargos, cierres, embargos y otras medidas contrarias al buen orden en los mercados.   Las decisiones tomadas se aceptan sin alegría, no solo por la nueva exacción, sino también porque la carga fiscal en España es comparativamente (con la UE y el conjunto mundial) alta. La conciencia de necesidad, así como algunas medidas de reducción de retribuciones y prebendas de altos cargos, permitieron dar el paso sin deteriorar la popularidad del ejecutivo, pero también era igualmente necesario reducir el gasto y esto facilitó varios conatos de protesta. El ciudadano que se informa de la realidad del país entiende que hay razones para lo que se decide, pero cuando considera que la nueva recaudación sirve para pagar las deudas contraídas con el extranjero, le parece que, si bien se frena el desgaste, aún no se ha encontrado la salida de la situación y cree que se necesita algo más. También le parece que el esfuerzo del sector privado es mayor que el del público, conclusión fácil de obtener viendo que el número en miles de asalariados del sector privado en 2004 era, en miles, de 11.920,4 y en 2111 estaba en 11.915 mientras que en el sector públicos la cifra de 2004 -2576,2 miles- había subido hasta 3025,8 en 2011 sin que se consiguieran mejoras apreciables en las prestaciones ofrecidas.   Los próximos pasos tienen que ayudar a salir del marasmo. La oferta del gobierno de dar a los ayuntamientos recursos financieros para pagar sus deudas es un paso apropiado, siempre que esos fondos se destinen a la finalidad pretendida. En esa línea está la posibilidad de la compensación de deudas entre las AA. PP. y las empresas, tema ya regulado desde hace años. Esta opción tiene la ventaja de carecer de costes adicionales. Y es muy apropiada siempre que se facilite a las pequeñas y medianas empresas la preparación de las peticiones, la evidencia de los derechos de cobro y las obligaciones pendientes así como las diligencias adecuadas. La caída de la actividad de los registros permite aprovechar la disponibilidad de personas preparadas para estas funciones.   En vez de los múltiples planes públicos dispersos, cuyo cobro podría ser dudoso y su influencia nula porque se sabe que es efímero, se puede dar un buen paso adelante, facilitando al sector privado que reinicie su actividad, por ejemplo, eliminando transitoriamente el IVA de las operaciones de rehabilitación y reparación de viviendas. Como esta actividad está virtualmente parada, el fisco no pierde ingresos y la vuelta al trabajo permite poner en circulación recursos inactivos, tanto humanos como materiales, tira de la producción y el transporte, aporta empleo y reduce pagos a personas en paro al tiempo que contribuye a mantener su capacitación que está en riesgo de pérdida de eficiencia y seguridad. La reparación y el mantenimiento consolidan las viviendas y previenen problemas futuros.   El súbito paro en construcción de viviendas parece haber frenado otras actividades cercanas cuando en realidad se trata de una buena ocasión para disponer de equipos probados, que pueden hacerse cargo de los pedidos de forma inmediata y mejorar la habitabilidad, la eficiencia energética, la seguridad, el confort y la imagen de las viviendas. La industria que produce los materiales recibiría un soplo para mantenerse y lo mismo puede decirse de pintura, vidrio, transporte y otros que, trabajando, sí pueden pagar al fisco y a los bancos. Intentarlo es todo lo gratis que puede ser una decisión pública, pero no cuesta nada.