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Madrid, 03 de diciembre de 2025. El Instituto de Estudios Económicos ha presentado el informe “Caracterización de las mipymes en América Latina y el Caribe” durante el VII Foro Iberoamericano de la mipyme. El objetivo principal del estudio es analizar la situación actual de las micro, pequeñas y medianas empresas en la región, y evaluar los distintos marcos institucionales que las afectan, así como el tipo de políticas de apoyo que se encuentran vigentes.
El análisis realizado en el informe permite identificar las prioridades estratégicas que se han de adoptar para su expansión y su fortalecimiento. Además, ofrece una visión integral, que permite identificar y orientar las acciones que son necesarias para que las mipymes en América Latina y Caribe alcancen un desarrollo integral más competitivo y sostenible.
El estudio presenta un contexto macroeconómico de la región en el que se transita por un proceso de crecimiento moderado y heterogéneo, con proyecciones de crecimiento del 2,2% en 2025 y del 2,3% en 2026. Esta continuidad de la expansión económica tan sólo ha ido acompañada parcialmente por la evolución del empleo.
Si bien la ocupación aumentó en 2024 en la mayoría de los países, esta se concentró regionalmente en Brasil como principal motor, explicando más del 60% de la creación neta de empleo y en el sector de los servicios representando el 77% del aumento total. Este desempeño está condicionado tanto por factores externos, en cuanto a la desaceleración del comercio global, las tensiones geopolíticas y el encarecimiento de las condiciones del financiamiento internacional, como por factores internos, entre los que hay que destacar a la frágil inversión, la persistencia de la informalidad y las desigualdades estructurales que se presentan entre los países.
En el informe, se hace especial énfasis en los efectos negativos que produce el fenómeno de la informalidad en general y, en particular, la informalidad laboral. Para ofrecer una visión más precisa sobre la magnitud de la economía sumergida se presenta la siguiente estimación: en América Latina, entre 2010 y 2015 esta representó, en promedio, el 33,4 % del PIB regional. Estas elevadas tasas de informalidad en la economía generan distorsiones graves en el mercado que afectan especialmente a la competencia puesto que las empresas que operan legalmente deben enfrentar costos más altos, debido a impuestos, regulaciones laborales y cumplimiento normativos.
Las dinámicas regionales son dispares: América del Sur muestra una mayor firmeza que Centroamérica y México más dependientes del ciclo económico estadounidense y de los procesos de relocalización. Por su parte, la actividad económica en el Caribe continúa vinculado a la recuperación del turismo en un contexto de una mayor diversificación el turismo especializado y una alta vulnerabilidad ante crisis y fenómenos climáticos extremos. En este escenario, las pequeñas y medianas empresas ocupan un rol central. Representan más del 99% del tejido empresarial y generan alrededor del 60% del empleo.
Sin embargo, su contribución al PIB se mantiene aún muy limitada, cercana al 25%, lo que evidencia una estructura productiva dual en estos países donde millones de microempresas operan con baja escala y escaso acceso a tecnología, mientras que un reducido grupo de medianas y grandes empresas concentra la productividad, la innovación y las exportaciones. Esta competencia desleal desincentiva el emprendimiento y la actividad empresarial, reduce la productividad agregada y frena la inversión.
El análisis institucional, basado en el Índice de Políticas para Pymes elaborado por distintas instituciones internacionales de primer nivel, muestra avances diferenciados. Las dimensiones que presentan los mayores rezagos son las vinculadas a la simplificación normativa, mejora regulatoria, y fomento del acceso al financiamiento. Por su parte, la transformación digital y la transición sostenible avanzan de manera desigual en los distintos países.
Los datos publicados en el informe de distintas encuestas confirman estas brechas: las mipymes enfrentan mayores costos financieros y mayores dificultades para certificar productos y adoptar tecnologías y deben superar trabas superiores para participar en cadenas de valor y comercio internacional que las empresas de mayor dimensión. Sobre esta base de análisis y de presentación de resultados, el informe propone una agenda estratégica compuesta por ocho líneas de acción.
Entre estas acciones destacan el fortalecimiento de un marco normativo, institucional y de coordinación de políticas específicas para este tipo de empresas, así como la promoción de un financiamiento adaptado a sus necesidades particulares que impulse la transformación digital, la innovación y la transición verde.
En conclusión, la región necesita avanzar hacia un modelo que permita a las pymes crecer, innovar y generar empleo de calidad. Este modelo debe responder a la iniciativa empresarial y debe complementarse con una colaboración público-privada que impulse la participación de las MiPymes en cadenas regionales y globales de valor.
Esto implica un cambio de paradigma en las políticas de las Mipymes en América Latina y Caribe: adaptar y transformar a las actuales políticas de supervivencia hacia aquellas que introduzcan y mejoren las estrategias estructurales de transformación productiva y de competitividad empresarial.