La fiscalidad y sus agravios

[highlight style="light"]Artículo de Joaquín Trigo, Director General del IEE, publicado el 8 de febrero en Cataluña Económica [/highlight]   La preocupación central de las haciendas públicas ha sido y es la recaudación. Los criterios adicionales buscan minimizar el coste de obtenerla, agrupar a los contribuyentes en grupos diferentes y, en lo posible, mantener la actividad económica que sustenta la base imponible. La capacidad de gasto excede a lo disponible e incita a modular los impuestos para aumentar los recursos sin generar protestas, así, se suben los tipos fiscales, se fijan mínimos exentos, se imponen recargos por nimiedades, etc.  De esta forma, se divide a los obligados al pago y aumenta la recaudación, pero se reduce la renta disponible, la capacidad de los contribuyentes para gastar e invertir y esto ha afectado más a algunos.   La progresividad se apoya en la presunción de que, a medida que aumenta la renta, los últimos ingresos son menos necesarios y deseables, lo que justifica exigir una mayor tributación. La mayor parte de los contribuyentes consideran que están en la franja de ingresos bajos o medios y, por tanto, piensan que la progresividad no les afecta y, quizás, hasta les beneficia, así que no la cuestionan. Sin embargo, con el paso del tiempo baja el poder de compra del dinero, los tramos exentos pierden relevancia, suben los tipos¸ se cree que hay un trato discriminatorio y se incomoda a la minoría que más paga y menos reciben de las AA. PP. Éstos piden un mejor trato, un mayor retorno o una combinación de ambos. El resto se une en defensa de lo que percibe y cuestiona la legitimidad de los disidentes.   Una Administración ecuánime debería evitar que una parte de la población -algunas comunidades, algunos contribuyentes, algunas circunstancias…-, se sienta, a la vez, esquilmada y abroncada por grupos mayores que exigen lo que ellos no cumplen. Un pilar de esta situación es la creencia en que los ingresos elevados proceden de la suerte, la explotación de terceros, herencias, la ayuda recibida de los gobiernos amigos, actividades irregulares… y, por tanto, sería legítimo recuperar para la comunidad una parte de esos ingresos, que ya están supervisados, excepto una parte de la irregularidad. Otra creencia es que la riqueza, es inicua de por sí y debe tributar al máximo, lo que no es justificable por más envidia o inquina que se aporte. Un tercer argumento, más elaborado, resalta que cada nueva unidad monetaria aporta al propietario una satisfacción menor que las anteriores, de modo que los que ganan mucho se resienten poco de lo que ceden al fisco. Es cierto que hay una satisfacción decreciente en el consumo de muchos bienes, pero solo a partir de cierto nivel que varía según la edad, la preferencia etc., que es difícil de calcular. Pero lo peor no está en apoyarse en criterios inapropiados sino en el resultado que se obtiene por pensar solo en lo en lo inmediato.   Quien genera ingresos evidencia su capacidad de generarlos, y si retiene parte de los recursos logrados, aporta más, producción, empleos… e impuestos. Si, al contrario, encuentra trabas a su actividad y se siente sobrecargado, opta por reducir –o eliminar- su actividad, o irse donde la presión fiscal y regulatoria sean más suaves. Este problema tiene varias soluciones, la más precisa y sencilla es la reducción de la progresividad fiscal, que suaviza las diferencias de ingreso, es ecuánime con la actividad productiva, favorece la inversión, reduce las discrepancias entre las comunidades y favorece la creación –y atracción- de empresas que crean empleo, riqueza e impuestos. No se considera porque reduce los recursos que pueden asignar los gobiernos a su albedrío.