Sobre los límites de la actividad del Estado

Fuente: Resumen de una conferencia -”Sobre los límites de la actividad del Estado” pronunciada por el Profesor Juergen B. Donges, asesor internacional del Instituto de Estudios Económicos, en el marco de un seminario bajo el título de “El dictador blando -¿Acaso el Estado lo hace todo mejor?” organizado por la Fundación Alemana de Economía de Mercado (Stiffung Marktwirtschaft) Desde un punto de vista económico hay una serie de tareas que incumben originariamente al Estado en el ámbito de la economía. El Estado debe actuar y corregir en casos de fallo de mercado; el Estado debe velar por que un país tenga unas adecuadas condiciones-marco para la inversión empresarial, la innovación y la formación de sus trabajadores, entre otros. Y el Estado también tiene que actuar en caso de un hundimiento de la coyuntura, como en 2009, con medidas de política fiscal y monetaria, para contrarrestar la situación. En la práctica política resulta, sin embargo, mucho más complicado delimitar los límites de la actividad del Estado. Y ello por diferentes motivos: Por un lado, tenemos el interés propio de los políticos al defender las intervenciones estatales en el proceso económico. La concesión de subvenciones, las regulaciones y las limitaciones a la importación pueden granjear votos en las elecciones y movilizar las donaciones. Por otro lado, existe la propensión al paternalismo, más o menos acusada. A la hora de votar se considera que los ciudadanos son personas capaces, pero se piensa que son incapaces para asumir responsabilidad propia a la hora de resolver sus asuntos. De ahí que los responsables de la política social pretendan ocuparse de cada ámbito y fase de la vida individual: desde la cuna hasta la muerte. Entre otros, quieren proteger al consumidor contra todo lo posible. En protección del medio ambiente, por ejempleo, se llega a una situación donde el Estado “tutela” al ciudadano con temas como el uso de lámparas de bajo consumo, el aislamiento térmico en edificios, el reciclaje de basuras, etc. Además impera la idea de la primacía de la política frente a la economía. Aunque las reacciones del mercado no se pueden evitar –al igual que no se puede evitar la ley de la gravedad- a los políticos no les gusta que los agentes privados que participan en el mercado le den una mala clasificación a la política económica y financiera del Estado (lo que pueda conducir, por ejemplo, a un aumento de la economía sumergida o que haya que pagar enormes primas de riesgo sobre los intereses de la deuda pública). En lugar de mejorar la calidad de la política económica es preferible criticar como poco serios a los empleadores, a los especuladores y a las agencias de rating. Ello tiene un efecto secundario preocupante: que los ciudadanos se lo crean y pierdan la confianza en la economía social de mercado. En consecuencia la reciente crisis financiera y económica ha reavivado la crítica al capitalismo y la consideración del Estado como tabla de salvación. Aquí se pasa por alto que también existen fallos del Estado. En la crisis financiera global los culpables no son sólo los inversores financieros. La culpa también radica en los desincentivos creados por los gobiernos (apoyo a la compra de vivienda por parte de particulares), por los bancos centrales (tipos de interés reales negativos) y las autoridades de regulación (insuficiente vigilancia). La actual crisis de la deuda en la eurozona no la han provocado los “malabaristas” financieros privados, sino las “orgías de gasto”, financiadas mediante crédito, de los Gobiernos de los países afectados. En definitiva, el Estado no lo puede resolver todo. No puede generar por si mismo crecimiento económico y empleo, pero si crear las necesarias condiciones, estableciendo reglas fiables y cumpliéndolas. El “dictador blando”, que siempre actúa bien, de forma razonable y para bien de todos no existe en la vida real.   *Por actividad del Estado aquí se entiende al Estado como institución que determina las condiciones marco de la actuación económica y la política económica y no el Estado en función de producción o redistribución.