Los PGE-2022: una huida hacia adelante del gasto y del endeudamiento público

Artículo de opinión de Íñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE, en El Debate el 8 de octubre

La generación de un entorno económico estable y previsible contribuye al fomento del bienestar económico y social. En este punto, la política fiscal juega un papel fundamental. Tras una severa contracción de la actividad y del empleo originada por una pandemia sin precedentes, las autoridades internacionales respondieron adecuadamente con políticas expansivas del gasto público que se orientaban fundamentalmente al sostenimiento de la actividad y de las rentas de los agentes económicos. Tras remitir la crisis y reestablecerse el crecimiento económico, el deterioro de la posición presupuestaria y los retos que condicionan el futuro y la sostenibilidad de las finanzas públicas exigen que en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 se introduzca una estrategia que reoriente a las finanzas públicas hacia los principios que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

A pesar de la progresiva normalización de la actividad a la que estamos asistiendo gracias a la mejora de las cifras sanitarias y a la disminución de las restricciones, y dada la elevada complejidad de la crisis experimentada, se debe tener presente que el contexto actual continúa rodeado de un grado de incertidumbre nada desdeñable. De este modo, cualquier ejercicio de previsión de ingresos y gastos para el próximo año debería encontrarse caracterizado por la prudencia. De no ser así, cualquier turbulencia con la que se encuentre la recuperación económica puede comprometer las cifras previstas.

No en vano, las estimaciones de crecimiento económico en las que se basan los presupuestos parecen demasiado optimistas, después de que los últimos datos que hemos ido conociendo apunten a que la recuperación va a ser más lenta de lo inicialmente prevista. Así, frente al crecimiento del 6,5% en 2020 y del 7% en 2021 recogido en las previsiones del Gobierno, en el Instituto de Estudios Económicos estimamos que la expansión del PIB será bastante más moderada, del 5,4% para este ejercicio y del 5,7% para el que viene. Por tanto, y dado la todavía preponderancia de riesgos a la baja, si finalmente tiene lugar un menor crecimiento con respecto a la optimista cifra estimada por el Gobierno, ello conllevaría un menor volumen de ingresos públicos por el menor dinamismo de la actividad. Así como un mayor nivel de gasto debido al efecto de los estabilizadores automáticos.

Este escenario supondría no cumplir con el nivel de déficit público previsto, del 5%, ya de por sí elevado, y arrojaría más incertidumbre sobre la sostenibilidad a medio a plazo de las cuentas públicas. A su vez, las positivas expectativas sobre el impacto en el corto plazo sobre el crecimiento procedentes de las ayudas europeas no se están materializando debido a la lentitud en la aprobación y gestión pública de dichos fondos, que no se han ejecutado al ritmo previsto en los anteriores presupuestos, y cuyo impacto sobre nuestro crecimiento y efecto arrastre se ve comprometido también si no se acompañan de reformas estructurales y de credibilidad fiscal.

De esta forma, la consolidación de la recuperación económica prevista para 2022 por parte del Gobierno y, en particular, su repercusión sobre los ingresos públicos sostendría las previsiones de déficit de las AA.PP. En este periodo se prevé que el déficit del conjunto de las administraciones disminuya en casi 3,5 puntos porcentuales de PIB, contención que se concentra en aproximadamente dos terceras partes sobre la Administración Central. El riesgo de cumplimiento de estas previsiones es elevado tanto por el optimismo que apunta el cuadro macro, como por una política excesivamente expansiva sobre el gasto estructural que se ha programado en estos presupuestos.

Dada la naturaleza de este incremento del gasto se amplía asimismo el déficit estructural y se compromete, por tanto, la consecución de los objetivos presupuestarios planteados por el Gobierno que se remitieron a la Comisión Europea. Si se descuenta el impacto estimado que generaría la ejecución de los fondos europeos, el margen de maniobra existente se ha comprometido al refuerzo de las partidas de gasto corriente estructural de forma prioritaria, sin tener en cuenta las recomendaciones de la propia Comisión Europea orientadas hacia la consecución de una política fiscal prudente en el medio plazo, la sostenibilidad de la deuda pública y la promoción de la inversión.

Ante un contexto de consolidación de la recuperación, en donde la demanda recuperará protagonismo junto a una mayor creación de empleo, no es incompatible responder a la demanda social y al apoyo de la transformación que requiere nuestro tejido empresarial sin que se produzca una política de gasto tan expansiva que compromete la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas, y, por tanto, envía una señal de mayor presión fiscal futura o recurso adicional al endeudamiento.

La clave está en tomar en consideración un concepto clave en la gestión de las cuentas públicas, práctica habitual que es considerada por las principales economías avanzadas y que no ha tenido cabida en esta presentación de los PGE-2022. Me estoy refiriendo a la consecución de a una mejora de la calidad y de la eficiencia del gasto público. Como ha señalado el Instituto de Estudios Económicos, si en España se lograra que la eficiencia del gasto público fuera similar a la de la media de la OCDE, podríamos provisionar los mismos servicios públicos actuales con un 14% menos de gasto, esto es, según los PGE-2021, unos 60.000 millones de euros, y los ahorros podrían ser mayores si nos homologáramos a las mejores prácticas. Este es y, no otro, el principio que debería tener un mayor protagonismo en los PGE-2022.