Artículo de Almudena Semur, Secretaria del Instituto de Estudios Económicos, publicado en El Economista el 16 de noviembre de 2019
Durante estos días hemos asistido estupefactos a una demostración de afecto sin precedentes entre dos partidos políticos que con el fin de gobernar nuestro país, con una facilidad extrema, han llegado a un preacuerdo de diez puntos que resulta aventurado valorar y arriesgado especular. El dinero es miedoso y cualquier incertidumbre o especulación no es buena para la economía. Pero si resulta necesario valorar los programas políticos de los partidos que han llegado a ese preacuerdo. Ambos coinciden en determinadas medidas como subir el salario mínimo, aumentar los impuestos a las empresas y a las personas físicas con determinado nivel de renta, ambos quieren modificar la última reforma laboral, pero por distintos caminos, y ambos quieren actualizar las pensiones en función del IPC, medidas que sin lugar a duda merman la confianza en nuestra economía, desestimulan la inversión privada de las empresas y en ningún caso impulsan el crecimiento de la productividad y la competitividad, que tan necesaria es para alargar la fase expansiva del ciclo e intensificar la creación de empleo.
Si nos remontamos a los fallidos presupuestos de 2019 no será difícil imaginar por dónde pueden ir los tiros. Ya entonces, no solo se sobreestimaba el crecimiento mundial, el de la eurozona y el de España, sino que la creación de empleo y la reducción de la tasa de paro estaban sobrevaloradas. Las cuentas de gasto eran de marcado carácter electoralista, recuerde el lector como reflejaban un notable aumento del gasto del 5,3% sin plantearse si este gasto era sostenible en el futuro. Y como no podía ser de otra manera, para financiar este gasto y limitar el déficit, las cuentas reflejaban fuertes subidas impositivas tanto en los impuestos directos, que se incrementaban un 6,5 %, como en los indirectos, que aumentaban en un 15,8 %, porcentajes que, sin lugar a duda, duplicaban y triplican el crecimiento del PIB nominal en un 3,8 %
Pero es que, además de ser incumplibles, eran dañinos para nuestra economía. Medidas como la fuerte subida de cotizaciones sociales, el incremento del impuesto sobre sociedades, la subida del salario mínimo o la aparición de nuevas figuras tributarias, como la ‘tasa Google’ o el Impuesto sobre Transacciones Financieras no solo dañaban fuertemente la competitividad de las empresas, sino que además restaban atractivo a nuestro país como destino de inversiones extranjeras. Recuerde el lector que tenemos una deuda externa neta y una deuda pública muy elevada y cualquier medida que debilite la competitividad exterior, o que aumente el déficit, nos hace muy vulnerables.
El Gobierno alegó que eran unos Presupuestos muy sociales que aumentarían el bienestar de la clase media, pero no tuvieron en cuenta que la mejor manera de incrementar el bienestar de un país es aumentando la renta per cápita, y que para ello es necesario producir mejor y vender más que los demás. La mejor manera de combatir la pobreza es la empresa. No sólo lo digo yo, sino el Banco Mundial. Y la empresa, verdadero motor del desarrollo económico que repercute sus inversiones y operaciones en la generación de empleo, así como en el desarrollo de capital humano y tecnológico, será puesta a los pies de los caballos en el caso de que tenga que soportar más subidas impositivas. Ya sufre unos costes laborales muy elevados, y un aumento del Impuesto sobre Sociedades provocara que las empresas trasladen el golpe fiscal a los empleados, vía salarios; a los clientes, subiendo los precios o a sus propias cuentas, que haría que redujeran sus inversiones, lo que se volvería a trasladar a los salarios. Por lo que acabarían pagando el pato los trabajadores mediante ajustes de plantilla.
Justifican la subida de Impuestos al grito de que los ingresos impositivos en España tienen un amplio margen de subida porque son inferiores en términos del PIB al de los principales países de la UE, pero olvidan que nuestra renta per cápita es muy inferior a la de esos países.
En definitiva tanto la sociedad española cómo las empresas necesitan un gobierno estable que desde el rigor presupuestario, avance en las reformas pendientes, priorizando la formación, la innovación y digitalización, las pensiones, la internacionalización, el impulso de la sostenibilidad, una tributación más competitiva, la unidad de mercado y la industrialización.Las reformas efectuadas en el pasado, el compromiso de consolidación fiscal y los vientos de cola que tanto nos favorecieron, consiguieron que saliésemos de la recesión y que el paisaje fuera mucho más amable al dotarnos de altas cotas de crecimiento. Cualquier contrarreforma o cualquier aumento de gasto público financiado con aumentos impositivos lejos de aportar estabilidad y certidumbre a los ahorradores e inversores nacionales e internacionales, sería una fuente adicional de inestabilidad. La fórmula más gasto, más impuestos, más déficit y más deuda pública unida a aumentos adicionales no son las medidas más apropiadas para impulsar la inversión, la creación de empleo y el crecimiento.